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Obertura: Fotograma Descripto

Una de las escenas de la película La historia oficial de Luis Puenzo (1984), muestra un diálogo entre la profesora de historia -la protagonista de la historia- y un alumno que, con firmeza y rebeldía, la enfrenta con una realidad que empieza a descubrir: la represión implementada por el gobierno dictatorial en el que vivía y la implicancia de su marido en ella y la relación de su hija con esa represión. La primera reacción de la profesora es hacerlo callar, desautorizarlo, imponerse autoritariamente sobre su palabra. Este hecho, esta declaración de un adolescente frente a la represión circundante, es, sin embargo, otro de los elementos que le permiten a la profesora ir reconociendo y construyendo su historia, la historia que no podía ser oficial. Y lo hace a partir de una brusca toma de conciencia gracias a la declaración de uno de sus alumnos, de su plena noción de lo que estaba ocurriendo, de su compromiso y de su participación política.  
 
La imagen descripta, la de un adolescente que presenta su verdad y es reprimido, nos remite a una visión en la que el adolescente no es considerado un sujeto, es decir, alguien capaz de construir un mundo y de actuar en él y de crear, sino más bien la de los mecanismos que se utilizan para modelarlo y para obedecer en lugar de actuar con plena conciencia, de decidir, de reflexionar, de negociar y de crear. Tratar al adolescente de esta manera implica manipularlo, “objetualizarlo” no considerarlo un “sujeto” capaz de acción creadora.  
    
Por eso, pensar y tratar al adolescente como sujeto, y además, como sujeto de los derechos humanos, no es sólo una aspiración sino un imperativo básico de nuestra tarea como educadores y de nuestra acción como ciudadanos, además de constituir una obligación del Estado.  

A mi entender, la idea del adolescente como sujeto de los derechos humanos implica, básicamente, las siguientes:

• el adolescente como sujeto jurídico, que abre el camino a la necesaria conceptualización jurídica del “niño” como sujeto de derecho y no como objeto de tutela;

• el adolescente como sujeto pleno del ejercicio y la realización efectiva de los derechos humanos, ligada a la anterior pero con un peso y un universo específicos; y

• la construcción de una cultura democrática, que requiere prácticas que se realicen desde los ámbitos más íntimos y cotidianos.

 

El adolescente como sujeto de derecho

 

Jurídicamente, el adolescente hasta los dieciocho años, es considerado como un “niño”. Tradicionalmente, los niños han sido tratados por el derecho como objeto de tutela particular en función de su situación de asimetría respecto de los adultos. Este tratamiento de “falta” o “carencia” implica no considerarlos como “sujetos” plenos sino disponer de ellos sin tener en cuenta su participación en el proceso de toma de decisiones o sin darles la posibilidad de defenderse y contar con todas las garantías con las que cuenta un adulto.

Se trata de la imagen de “los salvadores del niño”, la que los encerraba en el férreo cerco de la “tutela” propio de la filosofía de la defensa social. ¿De qué había que defender a los niños? ¿O eran más bien algunos grupos sociales quienes buscaban defenderse de ciertos niños o modelar a los niños en términos generales para la reproducción del orden?

Desde hace unas décadas, esta tendencia comenzó a revertirse. El niño comenzó a ser considerado como un sujeto de derecho. Esta nueva conceptualización quedó plasmada en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, luego de casi una década de debates acerca de su alcance y contenidos. En menos de un año, la Convención entró en vigor. La Argentina la ratificó en 1991 y le dio jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 (artículo 75 inciso 22).         
Un aspecto fundamental y progresivo, aunque de interpretación ambigua, es la noción de “interés superior del niño” que se propone como guía frente a cualquier medida concerniente a los niños que adopten las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos (artículo 3.1 de la convención). 

En la práctica, sin embargo, los operadores que están obligados a implementarla (jueces, abogados, personal de institutos de menores, entre otros) son reacios a la puesta en práctica de estas ideas y pretenden seguir aplicando la normativa anterior que ha sido derogada por la convención.

El libro Derechos humanos y ciudadanía se ocupa específicamente de este tema en el capítulo 3 dedicado al principio de no discriminación, en las pp. 80-82. (clic aquí descargar pdf)

 

El adolescente como sujeto de los derechos humanos

La necesaria consideración del adolescente y el niño como sujetos de derecho, lleva a la idea de ambos como sujetos plenos de los derechos humanos. Aparece aquí todo el universo de derechos humanos que niños y no niños comparten pero que, en el caso de los niños presenta, en ocasiones, un tratamiento específico.
En la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce expresamente un amplio espectro de derechos humanos a los niños (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) aunque se limita ese reconocimiento a las posibilidades de desarrollo de cada país.

Recordemos que los Estados están obligados a respetar, garantizar y realizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, lo cual quiere decir, que no pueden cumplir con ellos solo respecto de sus nacionales o de un cierto grupo de sus ciudadanos. Esta obligación es denominada jurídicamente como erga omnes (para todos los hombres, para toda la humanidad).  
Además de la Convención sobre los Derechos del Niño, otros instrumentos de importancia que consagran los derechos de los niños y adolescentes son la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en los Estados de Emergencia o de Conflicto Armado. 

Una mención en particular merece el ejercicio de los derechos políticos. En este caso, se suelen hacer distinciones respecto de algunos de estos derechos, en función de la edad y de la pertenencia o no al Estado de que se trate. Esto quiere decir que los niños y los extranjeros, por ejemplo, no pueden ejercer en principio el derecho al voto. Sin embargo, ello llevaría a pensar los derechos políticos desde una concepción demasiado restringida. Los derechos políticos significan básicamente la participación en los asuntos públicos, en la política, en sentido amplio. Por lo tanto, pensar al adolescente como sujeto de los derechos humanos es concebirlo fundamentalmente como un sujeto activo de la construcción de una sociedad. De esta manera, un punto fundamental a tener en cuenta en este sentido, es la participación social y política de los adolescentes y los jóvenes al que se dedica un punto particular en el libro Derechos humanos y ciudadanía en las pp. 132 a 135. (clic aquí descargar pdf)

En la actualidad, es frecuente escuchar que los adolescentes y los jóvenes no se interesan por la política y descreen de todo. Esta imagen es errónea puesto que adoptan distintas maneras de hacer política. De hecho son los que, estadísticamente, participan en mayor medida en las manifestaciones, marchas y movilizaciones públicas. Por ejemplo, los jóvenes fueron protagonistas en las marchas del silencio por el crimen de María Soledad Morales. También tuvieron mucha presencia en otras movilizaciones en reclamo de justicia: por el conscripto Omar Carrasco (asesinado a golpes mientras cumplía el servicio militar), por Walter Bulacio (asesinado por la policía después de ser detenido al salir de un recital), por Sebastián Bordón (muerto en circunstancias misteriosas después de haber sido detenido por la policía mientras estaba en su viaje de egresados) y por las víctimas del incendio de la discoteca “República Cromañón”. En cierta forma, como dice el juez Cançado Trindade de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado argentino en el caso de Walter Bulacio, estas prácticas socio-políticas de adolescentes y jóvenes permiten restablecer los lazos de solidaridad que unen los muertos a sus sobrevivientes, como si les estuvieran diciendo “no hagan con otros lo que hicieron con nosotros y con nuestros padres sobrevivientes, para que puedan ellos y sus hijos seguir teniendo una vida sencilla y feliz, quizás sin saberlo”. También, es necesario destacar la presencia específica de jóvenes y adolescentes en los “escraches” y “funas” realizados a represores y responsables de las dictaduras argentina y chilena de las décadas del ‘70 y el ’80 organizadas por las agrupaciones H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). (clic aquí descargar pdf)

 

El adolescente como pieza clave de una cultura democrática

Una sociedad en la que niños, adolescentes y jóvenes no sólo son plenamente concientes de sus derechos sino también les son respetados y pueden ejercerlos efectivamente, puede comenzar a transitar los caminos de la construcción de una verdadera cultura democrática.    

Tal como se señala en Derechos humanos y ciudadanía (p. 80), pese a que a lo largo de la historia los adolescentes y jóvenes se han rebelado contra el mundo y lo han criticado, en los discursos vigentes sobre ellos suele predominar una perspectiva “adultocéntrica”: se les atribuye una serie de características negativas y el permanecer ausentes como parte esencial de su ser. El joven aparece así como “adolesciendo”, inseguro, no productivo o peligroso. Se pierde así de vista la construcción social e histórica de la condición juvenil y la riqueza de cada persona en sí misma.